“EL DERECHO CONSTITUCIONAL PASA, EL DERECHO ADMINISTRATIVO PERMANECE”

La célebre frase de Otto Mayer (Prólogo de la tercera edición de su “Deutsches Verwaltungsrecht”, Derecho Administrativo Aleman, año 1923), cobra especial importancia en los tiempos que corren. El bloque burocrático administrativo amenazado por la voracidad de las nuevas tecnologías, está siendo hoy objeto de una evaluación continuada, y en algunos casos poco eficiente, surgiendo la constante pregunta, ¿responde la Administración a las necesidades de los interesados en la actual organización social?. La respuesta, irremediable, galaica como siempre, es depende, pero probablemente más cercana al no que al sí.

La configuración político-territorial de la Administración, en la actualidad discutida, unida a una probable falta de actualización del régimen jurídico del procedimiento administrativo común, invitan a pensar si la situación económica que vivimos y la constante exigencia de “adaptación al medio” requieren de nuevas fórmulas jurídicas que rompan, o por lo menos adapten, no ya a las necesidades políticas o constitucionales, sino a la realidad de los interesados, un Derecho Administrativo cada vez más versátil y prolijo en determinados aspectos, y estático y tradicional en otros.

La relación orgánica de la Administración y el sistema de recursos administrativos, junto con los problemas de coordinación interadministrativa, no suponen en muchos casos una protección del derecho a la tutela judicial efectiva, sino todo lo contrario, evidencian errores que son fruto de un anquilosamiento jurídico lentamente superable.

La falta de coordinación de los Puertos, Ferrocarriles o Aeropuertos con los Ayuntamientos, responsables del urbanismo, generan en los interesados, titulares en muchos casos de concesiones y autorizaciones, motores de la economía de muchas ciudades, situaciones absolutamente incongruentes y absurdas desde el punto de vista jurídico, que se pierden en ilimitados procedimientos administrativos llenos de sanciones y restituciones.

La gestión de impuestos como el de Bienes Inmuebles, el de Sucesiones y Donaciones o el de Incremento de Valor de los Bienes de Naturaleza Urbana, comúnmente llamado Plusvalía, resulta compleja y costosa, pues en muchos casos se requiere de “una segunda instancia” de comprobación que acredite que el tributo ha sido girado correctamente. El valor real de los inmuebles, aun a pesar de los intentos de coordinación entre las distintas bases inmobiliarias (Catastro, Registro, Ayuntamientos) y de las recientes novedades legislativas con el Reglamento de Valoraciones o la nueva legislación hipotecaria, sigue siendo un “concepto jurídico indeterminado” cuya determinación se compadece de todo el sistema administrativo de resoluciones y recursos que da lugar a continuas idas y venidas con la Administración en alegaciones, recursos de reposición, reclamaciones económicas administrativas, tasaciones periciales, recursos contenciosos en todas sus instancias, etc.

La constitución de entidades mercantiles sea cual sea su forma, demandadas continuamente en el tráfico jurídico, e imprescindibles para la buena marcha de la economía, se ha convertido en un exponente más de una lucha continuada contra un bloque de burocracia administrativa contraria en muchos momentos a las necesidades del mercado, y ello aún a pesar del intento continuado de acelerar los procedimientos por aplicación de las nuevas tecnologías. Notarios, Registradores Mercantiles, Agencia Tributaria y Ayuntamientos, sin entrar a valorar su imprescindible participación como garantes de la seguridad jurídica que tutelan, se han convertido en los pasos de una cascada administrativa interminable que en muchos casos impide de forma más o menos dilatada, el inicio de una actividad empresarial ágil y rápida. Mención aparte requieren los procedimientos urbanísticos para la implantación de negocios que deben responder a la legalidad mediante la obtención de los correspondiente permisos y licencias, todos ellos regulados por un racimo de normas en muchos casos contradictorias, problema que no termina de resolverse con la nueva legislación sobre simplificación administrativa.

El coste de oportunidad en la valoración de los procedimientos administrativos y su resolución, en relación con la estructura actual de la Administración y de los derechos e intereses que se tutelan, es un elemento básico de nuestra organización social, a todos los niveles:

  • El interesado gasta tiempo, dinero, esfuerzo (y en muchos casos defrauda) para adaptarse al régimen administrativo que le permita seguir funcionando en la sociedad, cualquiera que sea su intervención (doméstica, profesional, sanitaria).
  • Las Administraciones, con independencia del nivel territorial en el que se sitúen, gastan tiempo, dinero y esfuerzos en avanzar, en muchos casos sin un final previsto, pues termina resolviendo el órgano judicial correspondiente, sobre la resolución de procedimientos en los que se mezcla la coordinación administrativa, el análisis económico, la actuación sectorial etc.

El sistema de procedimiento administrativo vigente, fruto de la Revolución Francesa, no es discutible, está en la génesis de nuestra organización, ahora bien, para que se pueda mejorar y avanzar en la generación de recursos y riqueza, tiene que hacerse un intento visible de adaptación del Derecho Administrativo (que incluye la organización territorial de los órganos y entidades), a la realidad que vivimos, mediante, no queda otra manera, la determinación del coste de oportunidad que para todos supone el régimen jurídico actual.

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